Licencia Social ¿qué es y porqué toda organización debería preocuparse por conseguirla y mantenerla?

Licencia Social ¿qué es y porqué toda organización debería preocuparse por conseguirla y mantenerla?

El término “licencia social” es un término que alude a las acciones que empresas, gobiernos y otros organismos deben emprender para lograr que la sociedad en general, pero actores locales de interés, consumidores y audiencias en particular vean con buenos ojos su presencia y manera de operar. Lo anterior bajo la premisa que ya no es suficiente ser bueno en lo que se hace, sino que estas entidades deben ser «buenas vecinas»  comprometidas con las mejores prácticas sociales, ambientales y de inclusión para ser viables.

¿Qué entendemos por licencia social?

El término Licencia Social implica que existe una amplia y constante aprobación de parte de la población y actores locales de interés hacia un proyecto u organización.  Se originó en la industria de la minería y otras industrias extractivas con el nombre de “Licencia Social para Operar”, sin embargo, su uso se ha extendido fuera de este ámbito a tal grado que el calificativo “para operar” está cayendo en desuso. De igual forma, se ha empezado a considerar que es necesario que toda organización obtenga licencia social para sus actividades, incluyendo empresas de otras industrias, instituciones gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil.

En tal sentido podemos pensar la Licencia Social en dos dimensiones, la primera está relacionada con su origen en la industria extractiva y el entorno socioambiental propio de estos proyectos, es decir está relacionada con actividades y proyectos con fuerte anclaje territorial; la segunda es una ampliación del término que se ha extendido a otras industrias públicas y privadas y tiene que ver más con temas reputacionales y de opinión pública relativas a un consumidor y audiencias más conectadas y conscientes de las prácticas de estas entidades.

Licencia social en proyectos de anclaje territorial

La primera acepción del término, se refiere a proyectos con profundo anclaje territorial que pueden tener impactos socioambientales (positivos y negativos) significativos (minería, proyectos de infraestructura, hidroeléctricos, parques eólicos, etc). Este nivel de Licencia Social solo puede ser concedida por la comunidad donde opera un proyecto y se basa en lo que la población y otros actores locales de interés piensan, creen, perciben y opinan sobre el mismo. Al ser una variable de percepción, es intangible y cambia con el tiempo, por lo que no solo debe ser alcanzada sino conservada. Incluye elementos como la aceptación del proyecto, la confianza en la organización que lo lleva a cabo, la percepción de la calidad del contacto con su personal, la valoración de la “cantidad” de resultados de esta interacción en términos de infraestructura local/comunitaria, empleos, o beneficios en general, y la percepción de justicia en el proceso de relacionamiento (es decir, si la organización escucha, permite la participación en las decisiones, responde a las preocupaciones, etc…)

La licencia social presupone que los “stakeholders” o actores locales de interés cuentan con el poder y la influencia, solos o en coalición, ya sea para parar el proyecto o para imponerle severos costos financieros y/o reputacionales. De igual forma, hay que considerar que cuanto mayores son los impactos sociales, económicos y ambientales del proyecto, será más complejo conseguir y mantener la Licencia Social del mismo. De tal forma es necesario considerar a la licencia social tan importante como las licencias legales, es decir no basta con cumplir los requisitos mínimos legales sino que es necesario que estos proyectos cuenten con el visto bueno de la comunidad, de lo contrario pierden viabilidad.  Esto resulta complejo, dado que por ser una variable de percepción que una compleja red de grupos de interés debe compartir y mantener en el tiempo, se vuelve muy difícil de administrar para organizaciones que no suelen ser sensibles a la importancia de la reputación y aprobación por parte de población y grupos locales.

Por otra parte, existen elementos que podemos considerar de licencia social que sí están normados tanto por legislaciones nacionales, como por convenios internacionales, tal es el caso de la Consulta a Pueblos Indígenas (en particular cuando requiere consentimiento libre, previo e informado), normada por el convenio 169 de la OIT; o el proceso de Consulta pública en trámites de Manifestación de Impacto Ambiental, en México normada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento en materia de impacto ambiental.

Aprobación y aceptación

En otro orden de ideas, es necesario diferenciar entre lo que entendemos por aprobación y aceptación a un proyecto. La primera idea tiene que ver con una percepción positiva y favorable al mismo, mientras que la segunda alude a una disposición simplemente a tolerar o consentir que se realice un proyecto. En tal sentido, en una escala de Licencia Social, el nivel más bajo es el rechazo al proyecto, siguiéndole su aceptación, posteriormente su aprobación y finalmente la co propiedad, que significa que las comunidades locales se han apoderado de tal forma del proyecto que lo consideran suyo y lo defienden frente a sus críticos.

Así, la licencia social se construye a partir de la acumulación de distintos elementos de percepción local como son la legitimidad social, la credibilidad con la que cuenta el proyecto y la organización que lo impulsa, y la presencia de confianza. De tal forma que primero el proyecto debe ser considerado legítimo, luego gana credibilidad y finalmente se desarrolla confianza.

Esto se traduce de la siguiente forma:

Legitimidad socialCredibilidadConfianza incipienteAlto nivel de confianza
RechazoXXXX
AceptaciónXX
AprobaciónX
Co propiedad

Legitimidad, Credibilidad y Confianza

Por Legitimidad social nos referimos, por una parte, a una serie de normas locales o comunitarias, o usos y costumbres, que cualquier entidad externa debe respetar para que su interacción con los actores locales no solo sea culturalmente apropiada, sino vista con buenos ojos. Por la otra, alude a una serie de buenas prácticas para  abordar a la comunidad, como pedir permiso y avisar constantemente a las autoridades locales de las actividades a llevar a cabo, la divulgación de la información del proyecto, compartir los posibles impactos, generar compromisos creíbles con los miembros de la comunidad, etc…

Por su parte, la credibilidad se gana al compartir constantemente información clara y veraz del proyecto, así como cumpliendo los compromisos y acuerdos alcanzados. El criterio de credibilidad requiere tanto de buena comunicación como de buen relacionamiento, así como un trato justo y balanceado sobre los beneficios del proyecto.

Finalmente, la confianza solo se gana con tiempo, presencia, cumplimiento de acuerdos, ejercicio tanto de la legitimidad como la credibilidad y en general en la acumulación de experiencias compartidas.

12 afirmaciones que miden la Licencia Social

(según Robert G. Boutilier, Ian Thomson, 2011)

Una buena forma para intentar medir la Licencia Social con la que cuenta un proyecto, es verificar si todas (o muchas de) estas afirmaciones están presentes por parte de la comunidad en donde se lleva a cabo.

La organización/el proyecto :

  • Comparte información que nos afecta
  • Contribuye al bienestar local/regional
  • Toma en cuenta nuestros intereses
  • Respeta nuestra forma de hacer las cosas
  • Estamos satisfechos con nuestra relación con la organización/el proyecto
  • Tenemos una visión similar del futuro que la organización/el proyecto
  • La organización/el proyecto trata a todos de una forma justa
  • Podemos ganar mediante una relación con la organización/el proyecto
  • La organización/el proyecto nos escucha
  • La presencia de la organización/el proyecto es un beneficio
  • Brinda más ayuda o beneficios a aquellos que afecta más
  • Comparte la toma de decisiones en aquellos asuntos que nos afectan directamente

Licencia Social reputacional

Por último, en cuanto a la segunda acepción del término, consideremos que el internet, las redes sociales, los blogs y video blogs, permiten que prácticamente cualquier persona pueda convertirse en un reportero amateur, así mismo existen sitios y plataformas que permiten a los usuarios evaluar productos y servicios. Por otra parte, la conciencia del deterioro ambiental, en la responsabilidad social, en la equidad y justicia en las prácticas corporativas, y en general en la forma en que las organizaciones de toda índole se comportan, han ido en aumento. Estas dos condiciones enmarcan un nuevo set de reglas para gobiernos, empresas y OSCs, en las que prácticas anteriormente incuestionadas, actualmente pueden volverse una pesadilla en términos de opinión pública.

En otras palabras, audiencias y consumidores están valorando con mayor ahínco atributos intangibles de las empresas y organizaciones tales como la honestidad, la responsabilidad corporativa, el compromiso con el medio ambiente y la comunidad, la transparencia, la innovación, prácticas orientadas a permitir ambientes laborales con mayor equidad de género e inclusión de grupos vulnerables, entre otras.

Darle la espalda a estas dimensiones, no solo tiene consecuencias traducibles en mala reputación, sino que se pueden ver reflejadas en bajas ventas, o en el caso de desaprobación de actores políticos, en pocos votos.

Una de las principales diferencias entre estas dos dimensiones es el actor que otorga Licencia Social, en el primer caso se trata de una comunidad fuertemente anclada a un territorio, en el segundo puede ser una serie de actores deslocalizados que funcionan como una red, como en el caso de un segmento de mercado o un target de votante.

Ahora bien, éstas dos dimensiones de la Licencia Social no son mutuamente excluyentes, muchas veces las malas prácticas de un proyecto territorial también tienen impacto en el orden reputacional, o por el contrario, una mala reputación que antecede a un proyecto puede impedir que genere confianza en el territorio.

¿Qué hacer?

En la actualidad se espera que gobiernos, organizaciones y empresas, no solo cumplan con la normatividad y las leyes, sino que tengan un mayor grado de involucramiento en las comunidades donde operan y en los problemas comunes que enfrentamos como humanidad. Estas entidades deberán asumirse como actores integrales del entorno donde operan, y tendrán que emprender acciones para implementar las mejores prácticas sociales, ambientales, de  inclusión e innovación.

Leave a Reply

Your email address will not be published.