¿Qué es el ejido?

En México, la propiedad de la tierra estuvo marcada en el siglo XIX por su concentración, en el siglo XX se distinguió por su distribución a partir de la Reforma Agraria emanada de la Revolución. 

En el contexto internacional la mexicana fue una reforma agraria sui generis por ser temprana en el tiempo, muy prolongada, y por tratarse de un reparto no individual ni colectivo, sino comunitario (Warman, 2001). Esta prolongación del reparto se debió menos a una cuestión justiciera que al carácter mítico que la reforma agraria adquirió en el imaginario político y social del país; así como por servir de mecanismo de una `incorporación subordinada´ (en palabras de Arturo Warman, 2001) política y social del campesinado al Estado, y la construcción de un poderoso sector político. Así, la Reforma Agraria (con mayúsculas en el imaginario político posrevolucionario), fue parte integral del discurso y práctica de los gobiernos emanados de la revolución; fue una manera de hacer política, mediante la cual se mantenía a los campesinos y habitantes rurales relativamente desmovilizados a través de la administración de la esperanza de que `les hiciera justicia la revolución´ al dotarles de tierra. Así “el vínculo directo entre los campesinos y el Estado nació cargado con los vicios y las virtudes de una relación patronal, con lazos de subordinación” (Warman, 2001:59).

Podían pasar décadas entre la petición de tierras de una comunidad hasta su dotación por decreto, significativamente por parte del propio Presidente de la República. Sin embargo esta obediencia e incorporación subordinada del campesinado al Estado no terminaba con la formación del ejido, ya que por ley era y es  necesaria la concurrencia de las  autoridades agrarias para muchos trámites y cuestiones administrativas del ejido, además de la entrega de obras de infraestructura y desarrollo. La reforma agraria fue entonces una bien lubricada maquinaria de corporativización masiva de la población campesina y rural; creó su propio discurso, terminología, burocracia, liturgia, imagen e iconos. ¿Pero quién es el sujeto de esta corporativización? Según el antropólogo mexicano Arturo Warman(2001), el sujeto de la acción agraria no es un individuo sino una colectividad, un pueblo, comunidad o asentamiento por lo general con existencia previa, siendo el sujeto agrario resultante un ejido o comunidad agraria.

Los sujetos colectivos que la reforma agraria construyó son entonces los ejidos y las comunidades agrarias. La principal diferencia entre ellos es que el ejido es una dotación de tierra a un núcleo de población peticionaria relativamente reciente (al menos así se entiende en el imaginario agrario, en relación a las comunidades indígenas “en posesión desde tiempos inmemoriales”);  la comunidad agraria tiene una lógica de restitución de territorio a comunidades indígenas despojadas, ya que históricamente la comunidad fue la principal forma de propiedad entre los indígenas a partir de la conquista, la corona española dotó de títulos a muchas comunidades durante la colonia, algunas permanecieron en posesión de sus tierras pero la mayoría perdió sus títulos y territorio a través de la historia, principalmente durante el siglo XIX. Sin embargo, la mayoría de las comunidades agrarias no está en manos de indígenas; así mismo, existen más indígenas ejidatarios que comuneros.  También existen diferencias entre el tamaño del ejido y la comunidad,  “el primero es más pequeño, con menos integrantes y mayor en superficie promedio para cada uno” (Warman, 2001:81).

Según la maestra Araceli Burguete, el ejido funciona efectivamente como un cuarto nivel de gobierno, es una instancia de representación legítima, un espacio de organización productiva, social, e inclusive cultural y religiosa, un sitio para dirimir conflictos, y un lugar de arraigo y pertenencia. Se le reconoció personalidad jurídica y se le dotó de una estructura de auto gobierno con autoridades rotativas: el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia;  escogidas democráticamente por la máxima autoridad: la asamblea, constituida por todos los ejidatarios o comuneros. “A los individuos se les reconocieron derechos y obligaciones como ejidatarios alrededor de una relación fundamental: cultivar personalmente y disfrutar del producto de su parcela individual. La mezcla de lo individual y lo colectivo, de la parcela y el ejido, fue predominante en la reforma agraria mexicana” (Warman, 2001:55). Cada ejidatario o comunero tiene derecho a una o varias parcelas, un solar y acceso a la zona o zonas de uso común; así, el territorio del ejido o comunidad resulta de la suma de todas las parcelas individuales, más el área de urbanización y las zonas de uso común.

Después del  Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos PROCEDE  se reconocen tres categorías entre los habitantes que forman un ejido:  Ejidatarios o comuneros  con derechos plenos: tienen derecho y disfrute de sus parcelas, aprovechamiento de las tierras de uso común, un solar en la zona de urbanización, y voz y voto en la asamblea; los posesionarios, quienes tienen el derecho a usar una parcela, un solar, en ocasiones excepcionales pueden usar las tierras de uso común, pero no tienen ni voz ni voto en la asamblea; y los avecindados que suelen ser parientes de los ejidatarios, y sólo tienen su solar en la zona de urbanización, no tienen ni tierra, ni derecho sobre las zonas de uso común, ni voz ni voto en las asambleas.

La parcela constituye el eje del patrimonio campesino, alrededor de ella se organiza todo lo demás, es fuente de trabajo e ingreso familiar. “La parcela proporciona refugio, autonomía y seguridad, ninguno en abundancia, ni siquiera con suficiencia, pero no tiene mejor sustituto para millones de campesinos. […] La parcela, aunque insuficiente, siempre aporta una base para buscarle a lo demás. Para la mayoría de los campesinos esa base precaria es la que sigue organizando la vida y la actividad de la familia. Por eso los ingresos obtenidos fuera son considerados como complemento, aunque su monto sea más alto que el producto parcelario” (Warman, 2001:95). La parcela como unidad de dotación para el aprovechamiento individual, tienen su origen en el `pegujal´, este se refiere a un pequeño pedazo de tierra cuyo repartimiento a los campesinos se remonta a  la colonia y más tarde a las parcelas otorgadas en aparcería en las fincas y la condición del peón acasillado, su objetivo era que los campesinos produjeran apenas sus propios alimentos, de manera que se incorporaran como fuerza de trabajo muy barata.  “A partir de esta larga tradición, la parcela para el reparto agrario se concibió inicialmente como sustituto de la tierra de repartimiento o de la aparcería, como complemente del salario, como `pegujal´”  (Warman, 2001:61); de esta manera desde el origen quedó inscrito el minifundio como resultado de la reforma agraria mexicana. Así, la parcela fue concebida, al principio del reparto,  como medio de reproducción de la unidad familiar mediante la producción agrícola para el autoconsumo. Esto se debe a que en la primera etapa, la reforma agraria tenía una orientación meramente justiciera, su intención era reparar despojos y abusos, y procurar en cierta medida un aumento en el nivel de bienestar del campesinado.

Por eso se trató de proteger las explotaciones agropecuarias particulares eficientes que generaban y aportaban divisas o recursos indispensables para la reconstrucción física de los daños de la guerra civil (la revolución) y el restablecimiento de la hegemonía del Estado y su gobierno[…]En esa que puede parecer doble política no había cinismo sino realismo y convicción. El pegujal justiciero era ruinoso sin el complementario del salario, que sólo podía obtenerse en las empresas agropecuarias. Se satanizó y combatió la hacienda extensiva e improductiva, el `señorío feudal´, como llegó a conocerse, pero se protegió a la empresa `moderna´ o capitalista´, sobre todo agroindustrial y en especial exportadora (Warman, 2001:65)

La incorporación económica del sector social a partir de la década de 1940 añadió nuevos vínculos a la incorporación subordinada del campesinado, dirigiendo  y controlando la producción de los ejidos. Sin embargo esta incorporación subordinada brindaba protección, representación y cierta legitimidad revolucionaria a los sujetos agrarios. Según Warman(2001) el crédito y los precios regulados para productos básicos, constituyeron dos importantes vínculos (creados en el sexenio de Cárdenas)  en la incorporación económica subordinada de los sujetos de la propiedad social. A partir de entonces, el Estado creó una serie de instrumentos económicos y burocráticos para profundizar la incorporación del sector social, subordinada ahora al modelo de desarrollo económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones, entre los que se encuentran:  la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA), la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), instituciones bancarias como el “Nacional Agropecuario o la Financiera Azucarera, empresas industriales como Fertilizantes Mexicanos o armadoras de tractores, instituciones de servicio como la que desmontó con maquinaria pesada millones de hectáreas, institutos como el del Café o el del Tabaco, incontables fideicomisos y otras instituciones” (Warman, 2001:67). De manera significativa se encuentra  la creación por decreto presidencial de la Confederación Nacional Campesina (CNC), como la representante `institucional´ gremial y de clase del sector campesino, corporativizando masivamente al sector, pero a su vez convirtiéndolo, y a la burocracia que los representaba,  en un poderoso grupo de interés y presión política. Así, el sector social y el reparto agrario  se volvió durante mucho tiempo en factor de legitimidad y estabilidad para el régimen. Sin embargo  “con el tiempo, muchos de esos organismos requirieron  más dinero para mantener su actividad y burocracia del que destinaban para apoyar campesinos y mantener su subordinación” (Warman, 2001:67)

 

El ejido sigue siendo el Lugar  primordial de experiencia y socialización de la gran mayoría de los habitantes del campo (el 33% de la población mexicana es rural); hay que recordar que más de la mitad la superficie de México “está distribuida entre más de 30,000 ejidos y comunidades, 77% de los cuales tienen superficies menores a 3,000 hectárea”(IICA, 2012). El ejido es también punto de referencia y arraigo, arena política, y espacio por y de la resistencia. Ser miembro de un ejido es una condición de `ciudadanía´, en el sentido de constituir una práctica política cotidiana, participativa e interiorizada,  muy superior a la que se ve en cualquier ciudad del país. Los sujetos agrarios, son efectivamente sujetos en el sentido foucaultiano, son sujetos a otro por control y dependencia (al Estado y a las autoridades agrarias) y sujetos como constreñidos a su propia identidad agraria. Esta sujeción configuró su identidad, su práctica y discurso y estructuró su campo de acción, aunque es obviamente una sujeción que les significa muchos beneficios como el tener acceso a un pedazo de tierra, una ocupación y un lugar de pertenencia y referencia.

Warman, Arturo. 2001. El campo mexicano en el siglo XX. Fondo de Cultura Económica.
México.

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